La urgencia de la implementación de la(ANGD) en Costa y el Impacto del Derecho Informático y la Transformación Digital en el Sector Público.
Desde principios del año 2021, nuestro país promulgó una ley que regula creación y funcionamiento de la Agencia la Agencia Nacional de Gobierno Digital (ANGD) en Costa Rica mediante la aprobación de la Ley N° 9943. Casi 4 años después, apenas hemos avanzado un poco, pues hasta hace apenas unos meses se publicó el respectivo Reglamento a dicha Ley. El objetivo fundamental de este marco jurídico consiste en transformar la forma en que se brindan los servicios del Estado, migrar hacia sistemas más eficientes, receptivos, inclusivos, modernos, que atiendan las necesidades de la población y defina las bases para la implementación de una administración pública más ágil, eficiente y transparente, utilizando herramientas digitales para mejorar los servicios a los ciudadanos y optimizar los recursos del Estado.
El Estado digital se refiere a un gobierno o administración pública que aprovecha la tecnología avanzada y las herramientas digitales para mejorar la eficiencia, la accesibilidad y la calidad de los servicios públicos que se brindan a sus ciudadanos. Requiere de la integración de infraestructura digital, plataformas en línea y procesos basados en datos para agilizar los procedimientos burocráticos, facilitar la comunicación y brindar servicios de una manera transparente, descarbonizada, abierta, descentralizada, conectada e innovadora.
La Ley 9943 fue promulgada con el objetivo de crear un marco legal que favorezca la modernización de la administración pública a través del uso de tecnologías digitales, propiciando un gobierno digital más eficiente. La ANGD, como órgano rector de esta ley, tiene como misión coordinar y promover la adopción de tecnologías digitales en las instituciones públicas. Esto incluye el desarrollo de infraestructuras digitales y la creación de plataformas interoperables que faciliten la interacción de los ciudadanos con el Estado de manera más directa y sencilla.
La adopción de un gobierno digital no solo implica la digitalización de los servicios, sino también la creación de un entorno jurídico y normativo que permita el uso seguro y transparente de las tecnologías. Así, la ley tiene un claro impacto en el derecho administrativo al modificar la manera en que se gestionan los recursos públicos, incluyendo la contratación de tecnologías y la prestación de servicios a la ciudadanía.
Por su parte, el derecho informático es una rama del derecho que regula las relaciones jurídicas derivadas del uso de la tecnología, y abarca tanto la legislación sobre protección de datos personales como las normas sobre ciberseguridad, propiedad intelectual y los derechos de los usuarios en el entorno digital. En el marco de la Ley 9943, el derecho informático se convierte en una herramienta esencial para garantizar que la digitalización de los servicios públicos no solo sea efectiva, sino también segura y respetuosa de los derechos fundamentales.
Uno de los pilares de la ley es la implementación de políticas de ciberseguridad, que garantizan la protección de la información pública y privada. Esto plantea la necesidad de que los abogados especializados en derecho informático asesoren a las entidades públicas para asegurar el cumplimiento de las normativas internacionales en materia de seguridad digital y protección de datos.
La ley también tiene implicaciones directas sobre la contratación pública y administrativa, pues permite que el Estado celebre contratos tecnológicos para la creación de infraestructuras digitales y la adquisición de servicios informáticos. En este contexto, la contratación de proyectos tecnológicos debe cumplir con los principios establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, lo que asegura la transparencia, eficiencia y legalidad en los procesos de adjudicación.
El rol de los abogados especializados en la contratación pública es clave para garantizar que los contratos cumplan con los requisitos legales, especialmente cuando se trata de la adquisición de tecnologías emergentes o soluciones Fintech, las cuales pueden implicar complejidades legales y riesgos asociados con la protección de datos y la seguridad de la información.
El sector Fintech está revolucionando la forma en que se gestionan los pagos, las transacciones y los servicios financieros, y en el contexto de la Ley 9943, esta transformación tiene un impacto directo en las relaciones del Estado con los ciudadanos. El uso de tecnologías financieras en el ámbito público no solo mejora la eficiencia de los procesos administrativos, sino que también fomenta la inclusión financiera y facilita el acceso a servicios públicos a través de plataformas digitales.
Los abogados expertos en derecho informático, y gobierno digital deben ser conscientes de las implicaciones legales de integrar soluciones Fintech en la administración pública, especialmente en lo que respecta a la protección de datos y la seguridad de la información La integración de tecnologías financieras en los servicios públicos debe realizarse dentro de un marco legal que garantice la transparencia y el cumplimiento de las normas vigentes.
El trabajo conjunto de abogados y consultores en innovación es fundamental para la identificación y mitigación de riesgos jurídicos asociados con la implementación de nuevas soluciones tecnológicas. Esto incluye la revisión de contratos con proveedores de tecnología, el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y la resolución de disputas legales que puedan surgir durante la ejecución de proyectos de transformación digital.
La Ley 9943 y la creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital marcan un paso crucial hacia la modernización de la administración pública en Costa Rica. La digitalización de los servicios públicos, la contratación tecnológica y el impulso de la innovación en el sector público requieren una sólida base legal que aborde tanto los desafíos del derecho informático, como los aspectos de derecho administrativo y público.
El papel del abogado especializado en derecho informático y administrativo es fundamental para asegurar que la implementación de estas nuevas tecnologías se realice de manera legal, transparente y segura, garantizando siempre el respeto a los derechos de los ciudadanos. La colaboración entre los abogados de confianza y los consultores en innovación es clave para el éxito de los proyectos tecnológicos y el fortalecimiento del gobierno digital en Costa Rica.
