La identidad digital se ha consolidado como un elemento esencial en la sociedad contemporánea. En un mundo cada vez más interconectado, donde las transacciones, servicios y relaciones humanas transcurren en entornos digitales, disponer de una identidad digital robusta y confiable no solo es necesario, sino que constituye una condición para el ejercicio pleno de derechos. Sin identificación no existen derechos”, señala tajantemente la declaración del Marco para la Identificación Electrónica Social Iberoamericana. Por su parte, el derecho a una identidad reconocida ha sido durante mucho tiempo un elemento en la agenda de derechos humanos.
Sin embargo, fue solo en 2015, con la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que la comunidad global reconoció la identificación como una prioridad de desarrollo.
Tradicionalmente, la identidad se entendía como el conjunto de atributos que permiten distinguir a una persona del resto y vincularla con derechos y obligaciones. En el entorno digital, esta definición se amplía a la representación electrónica de una persona mediante atributos verificables que permiten su identificación y autenticación ante terceros, de forma segura y confiable. La identidad digital combina elementos de identidad civil, comportamiento en línea y datos generados por el usuario en plataformas digitales. Para poder interactuar en forma efectiva, con estos entornos digitales, la persona ahora requiere una identidad digital que le permita la identificación y autenticación electrónica, de forma segura, confiable y con “las garantías necesarias que permitan la verificación segura de la identidad en el entorno digital con la finalidad de evitar manipulaciones, suplantaciones, o control.
Existen cinco modelos predominantes de identidad digital, clasificados según la relación entre el proveedor de identidad y el proveedor de servicios: (1) Centralizado, donde ambos roles recaen en una sola entidad; (2) Provisión por terceros, con entidades distintas que se comunican entre sí; (3) Federado, basado en acuerdos de confianza entre múltiples proveedores; (4) Centrado en el usuario, con mayor control por parte del titular; y (5) Autosoberano (IAS), donde el usuario administra completamente su identidad. Cada modelo plantea distintos niveles de control, interoperabilidad y privacidad.
La gobernanza de la identidad digital implica establecer normas, instituciones y mecanismos que regulen su uso. Modelos centralizados, como el vigente en muchos países, concentran esta responsabilidad en entidades públicas. Otros modelos distribuyen la función entre actores diversos. La regulación internacional, como el Reglamento eIDAS en la Unión Europea, ha promovido marcos normativos armonizados, mientras que iniciativas como ID4D de la ONU impulsan sistemas inclusivos y confiables a nivel global.
El modelo de identidad autosoberana se basa en principios de descentralización, autogestión y control por parte del usuario. A través de tecnologías como blockchain y criptografía avanzada, este modelo elimina la necesidad de intermediarios en la emisión y administración de credenciales. La persona es dueña de su identidad, decide qué datos compartir y con quién, y conserva control incluso en entornos altamente digitalizados. Los 10 principios de Christopher Allen constituyen la base teórica del IAS.
Entre los principales desafíos de la identidad digital se encuentran la protección de datos personales, la ciberseguridad, la inclusión digital y la interoperabilidad tecnológica. Sin embargo, también existen grandes oportunidades: mejora en el acceso a servicios públicos y financieros, fortalecimiento democrático, eficiencia administrativa y empoderamiento individual. Frente al auge de tecnologías como la inteligencia artificial, contar con un sistema de identidad digital robusto es esencial para proteger la privacidad y la autonomía de las personas.
Costa Rica ha dado pasos importantes, como el anuncio del Tribunal Supremo de Elecciones sobre la nueva cédula de identidad digital. No obstante, el país carece aún de un marco estratégico integral de gobernanza, regulación e interoperabilidad. Se requiere una legislación específica, una autoridad nacional de identidad digital, y un enfoque centrado en el ciudadano, que garantice el respeto a los derechos fundamentales, la transparencia y la protección de los datos personales.
La identidad digital representa una herramienta poderosa para ampliar derechos, mejorar la gestión pública y fomentar la innovación. No obstante, su implementación debe regirse por principios éticos, jurídicos y tecnológicos que aseguren la confianza social. Costa Rica tiene la oportunidad de convertirse en un referente regional si avanza hacia un modelo de identidad digital autosoberana, inclusivo y centrado en la persona.
Por Lic.Adrián F. Mora Sánchez. Novuslegal.